Conflicto docente

SALARIO DOCENTE CHOCA CONTRA LA MENOR COPARTICIPACION


El gobierno nacional se inmiscuye en la política salarial docente de las provincias mientras que simultáneamente se apropia de los recursos que deberían ser coparticipados. Bajo esta lógica es que se acordó a nivel nacional un aumento para el salario docente del 16% que se pretende sea pagado por provincias que están recibiendo apenas un 5% más de coparticipación.
El resultado previsible es la profundización del conflicto docente. Mientras tanto, nadie se hace cargo de que la Argentina siga batiendo récords de caída en la calidad educativa.


En la paritaria docente nacional se ha acordado que el nuevo salario mínimo para el maestro de grado de dedicación simple pasará desde $1.290 a $1.490 a partir del 1º de marzo. Esto significa un incremento del 16%. Aunque legalmente este ámbito de negociación tiene por función fijar la base de la escala salarial, en la práctica, imponen un valor de referencia para el resto de las remuneraciones que integran la carrera docente. Por eso, el aumento acordado a nivel nacional impone el “piso” de las demandas gremiales en las paritarias provinciales.

Los salarios docentes constituyen el componente más importante del gasto de las provincias, mientras que la incidencia a nivel nacional es muy marginal. Por otro lado, la principal fuente de financiamiento de las provincias son las transferencias automáticas de parte de los impuestos recaudados por la AFIP. ¿Existe consistencia entre los aumentos de salario docente y los recursos transferidos? Según datos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía se puede observar que:

• En el 2006 y 2007 el promedio nacional de los salarios docentes creció menos que los recursos nacionales de distribución automática a las provincias.

• En el 2008 los salarios docentes crecieron 5 puntos porcentuales más que los recursos transferidos automáticamente a las provincias.

• Para el 2009 se acordó un aumento de salario del 16% pero hasta el primer bimestre del 2009 los recursos transferidos a las provincias son apenas un 5% superior.

Una pauta de incremento salarial del 16% parece modesta ante el crecimiento del 26% promedio anual observado entre 2005 y 2008. Incluso es probable que esté en línea con los niveles de inflación que sufre el país. Sin embargo, resulta de difícil o imposible cumplimiento en el marco del deterioro en las transferencias automáticas de recursos fiscales que la Nación transfiere a las provincias.

Según la Constitución Nacional, reafirmada por la Ley de Educación Nacional del 2006, las provincias son las “… responsables de planificar, organizar, administrar y financiar el sistema educativo en su jurisdicción…”. Mientras que el gobierno nacional es responsable de controlar la calidad educativa. Expresamente la Ley de Educación Nacional establece que el Ministerio de Educación nacional “… implementará una política de evaluación concebida como instrumento de mejora de la calidad de la educación…”.

Al violar esta asignación de funciones y sustituirlas por reglas de organización irracionales se generan las condiciones para el crónico estado de conflictividad docente. El esquema de doble paritaria es intrínsicamente inconsistente. Más allá de los formalismos, en la práctica implica que el nivel central fija incrementos de remuneraciones que tienen que ser afrontados por los gobiernos provinciales. En otras palabras, quien fija el aumento no es el responsable de pagarlo.

La intensificación de los paros docentes pone de manifiesto la fragilidad fiscal estructural. El superávit fiscal de los últimos años se logró, en parte, gracias a la licuación del salario docente producida por la devaluación. A medida en que las remuneraciones recuperan el poder adquisitivo aparece nuevamente la imposibilidad de pagarlas con recursos genuinos, es decir, nuevamente se exterioriza una situación fiscal deficitaria.

Los discursos a favor de la educación son frecuentes y empalagosos, pero en los hechos no hay autoridad pública que controle y promueva esta inversión estratégica. Los ministerios de educación no se asumen como responsables de la formación de los alumnos sino que operan como meros administradores de conflictos laborales: una especie de “ministerios de trabajo docente”. Bajo estas condiciones no debe extrañar que la Argentina sea el país que más ha involucionado en las pruebas internacionales. Según la evaluación PISA del 2006, última disponible, en la evaluación de lectura a jóvenes de 15 años la Argentina terminó en el puesto 54º entre 57º países. Tomando sólo los países de Latinoamérica, los jóvenes argentinos fueron calificados por debajo de Chile, Uruguay, Brasil y Colombia. Comparando el 2000 con el 2006, Chile incrementó su calificación en 33 puntos y la Argentina retrocedió 45 puntos. En otro tiempo el país supo preciarse de la calidad de su enseñanza. En la actualidad, 6 de cada 10 jóvenes de 15 años no sabe utilizar la lectura como herramienta de incorporación de conocimiento.